En todo proceso judicial contencioso existen intereses contrapuestos, un demandante y un demandado. En el proceso penal también se da esta dinámica, aunque con particularidades: aquí no existe un “demandado” sino que un “imputado”, esto es, una persona sobre la cual se pretende aplicar una sanción estatal: la pena.

La pena estatal puede adoptar varias formas, algunas son reparatorias y otras retributivas. La pena más conocida es la privación de libertad, que en Chile es la prisión, reclusión o presidio. Esta forma de castigo es a su vez, la más grave actualmente existente en nuestra legislación desde la derogación de la pena de muerte, y su amenaza puede afectar gravemente o incluso irreparablemente la vida de una persona.

Ante tal magnitud de poderío estatal nadie puede ser indiferente, pues por definición, cuando una persona se ve involucrada en un asunto de esta gravedad NO es culpable de manera automática, sino que se debe verificar a través de un debido proceso que efectivamente lo sea.

El asunto es tan grave que, cuando esto efectivamente ocurre, las personas tienden a entrar en una condición mental sumamente estresante ya que -al contrario de la creencia popular- este tipo de problemas no solo afectan a delincuentes profesionales, sino que es MUY común entre personas trabajadoras que jamás han tenido contacto con el sistema penal.

Entonces, si hacemos el ejercicio mental de imaginarnos a nosotros mismos, o a nuestros cercanos más queridos, expuestos de forma repentina a una acusación estatal que amenaza con llevarnos a la cárcel durante meses o años, recién podremos dimensionar el nivel de angustia y desesperación que esto puede causar, y en algunas ocasiones -las más graves- sin haber tenido ninguna participación en los delitos que se acusan, o habiendo participado en un grado mucho menor… Llegados a este punto podemos vislumbrar realmente que la necesidad de defensa en el ámbito penal no es un mero constructo ideológico a favor de la delincuencia como a veces se enarbola irresponsablemente, sino que es un derecho fundamental básico en un Estado de Derecho que pretenda ser algo más que una tiranía irracional.

Te invitamos a conocer algunos ejemplos de casos reales:

Me acusan de un delito que no cometí…

Juan tuvo problemas con su vecina, ella era una mujer drogadicta que comúnmente lo hostigaba por dinero, a lo que él nunca accedió, ganándose su enemistad. Un día, Juan iba camino a su casa cuando fue atrapado por varios de sus otros vecinos quienes comenzaron a golpearlo salvajemente dejándolo en riesgo vital, tiempo después -aun en el hospital- fue detenido, enterándose de que ese día lo acusaban de haber ultrajado a una mujer. Finalmente, gracias a su defensor penal, Juan pudo comprobar que a la hora del supuesto ultraje él estaba en su lugar de trabajo (se encontraron cámaras de seguridad varios meses después en un lugar cercano a su trabajo, en donde se le veía pasar rumbo a su casa) y que realmente la acusadora, su vecina, simplemente había inventado la situación para vengarse por sus constantes negativas a entregarle dinero. Juan pasó 6 meses en la cárcel antes de su veredicto absolutorio.

Me acusan de un delito más grave del que realmente cometí…

Pedro acostumbraba a ir a la plaza de su comuna al salir del liceo, acababa de cumplir 18 años. En una de esas salidas se enfrascó en una discusión con Vicente por causa de una polola a la que ambos pretendían, se dieron un par de empujones y Pedro lanzó un fuerte combo que rompió un diente a Vicente cayendo al suelo. Luego se armó una trifulca entre varios otros adolescentes, ante lo cual Pedro decidió irse del lugar porque veía que el asunto se ponía peligroso. Al día siguiente se enteró de que Vicente había fallecido, al parecer alguien le había dado un fuerte golpe con un fierro. Fue tomado detenido y acusado de homicidio. Algunos amigos de Vicente declararon que el autor del fierrazo había sido Pedro y quedó detenido en prisión preventiva durante un año. Gracias a una prolija defensa se pudo reconstruir los pasos de Pedro ese día y contrastar los testimonios contradictorios de los amigos de Vicente, que en realidad sentían enemistad por Pedro, por lo que finalmente fue absuelto del delito de homicidio y únicamente se le castigó por las lesiones causadas a Vicente cuando le dio un combo.

Una mala defensa me dejó en prisión por un delito que podía pagar en libertad…

Felipe fue capturado manejando una motocicleta en estado de ebriedad a 30 kilómetros por hora a la vuelta de su casa. No tenía licencia y en realidad no iba a ninguna parte, sino que había tomado la motocicleta como parte de un reto absurdo entre amigos para ver si alcanzaba a dar la vuelta completa a la manzana sin caerse. Producto de esto se hizo un juicio en el que fue condenado a 541 días de cárcel. Al no haber alegado oportunamente la procedencia de los requisitos para cumplir la pena en libertad, ahora Felipe deberá estar más de un año de su vida en prisión, cumpliendo la pena de manera efectiva hasta poder optar a algún beneficio intrapenitenciario. Felipe era el típico joven bonachón, alto con ligero sobrepeso, amigo de todos, con una sonrisa siempre en su rostro, estudioso, nunca había estado en prisión, ni siquiera había estado suspendido en el colegio, tenía buenas notas y el próximo año iba a entrar a primer año de la carrera de odontología, lo cual finalmente no podrá concretar. Si Felipe hubiese tenido un abogado particular exclusivo, actualmente no estaría preso, pues se habría acreditado que sus condiciones personales y sociales hacían mucho más útil una salida alternativa para permitirle seguir aportando a la sociedad a pesar de sus errores.

¿Cuándo necesito un defensor penal?…

La defensa penal puede ser a través del servicio público o bien a través de un defensor particular dedicado de forma exclusiva al caso. Si decides contratar a tu propio defensor particular, en CALIDAD JURÍDICA podremos asignarte una persona responsable que buscará tomar tu caso desde las primeras diligencias, esto es sumamente importante pues en esta primera etapa se deberán realizar algunas actuaciones críticas que no siempre son tomadas con la seriedad que implica el caso. Así, por ejemplo, la primera declaración del imputado puede ser un trámite vital para determinar su posterior condena, absolución o la acreditación de atenuantes que hagan menos grave la eventual pena, no tomar con seriedad esta diligencia puede hacer la diferencia entre un proceso que se extienda por tres meses o por tres años (o más).

En resumen, la recomendación es contratar un abogado -público o privado- desde el primer minuto en que se recibe alguna citación judicial o policial.

Si necesitas asesoría sobre esta u otras materias, contáctanos y un abogado de CALIDAD asumirá tu representación.