CASOS LEGALES

Derecho penal

Víctimas e imputados, el nuevo proceso penal

En los primeros años del Siglo XXI se comenzó a aplicar en Chile la reforma procesal penal. Este paradigma que hoy nos suena familiar y que se repite de forma recurrente en noticiarios y crónicas policiales, es en realidad un radical cambio en la anticuada forma de hacer justicia en materia criminal que imperaba en nuestro país hasta finalizada la década de los 90´s.

Pues bien, el nuevo esquema es un sistema acusatorio, en donde se enfrenta por un lado el aparataje estatal, liderado por el Ministerio Público (Fiscalía), en ocasiones apoyado por abogados particulares que representan los intereses de la víctima, y por otro lado un imputado que será representado por su abogado defensor.

El rol de la víctima

Por regla general, la víctima ocupará el papel de simple espectador en el proceso penal. Ante la denuncia se le solicitará -probablemente- su declaración y se le mantendrá informado de los movimientos del juicio (aunque no de todos) y hasta allí llegará su intervención. Sin embargo, esto se puede corregir con la contratación de un abogado particular que cumplirá el rol de Querellante.

La Querella es la herramienta que tiene la víctima para “ser parte” en el proceso penal, lo que le permitirá intervenir en el juicio, solicitar diligencias, proponer determinada calificación jurídica de un delito (por ejemplo, si la Fiscalía dice que un hecho es una simple amenaza pero la víctima insiste en que la amenaza incluyó sustracción de dinero podría proponer calificar jurídicamente el hecho como un robo), demandar civilmente (para obtener reparación dineraria), e incluso -cuando se cumplen ciertos requisitos- sostener una acusación particular aún cuando la Fiscalía hubiese decidido abandonar la persecución de un delito.

El imputado

Aunque a veces nos parezca difícil de creer, lo cierto es que cualquier persona se puede ver involucrada en una acusación penal. En la cárcel es posible encontrar indigentes, obreros, técnicos e incluso profesionales, el actuar criminal no distingue posiciones sociales. A veces se trata de personas culpables, a veces se trata de personas acusadas por hechos más graves que los que realmente cometieron y en ocasiones se trata derechamente de inocentes.

Para filtrar ese amplio abanico de posibilidades, existe el proceso penal y el derecho a defensa. La primera barrera de dicha defensa es la presunción de inocencia, que impone un poderoso parámetro conforme al cual el acusador deberá probar más allá de toda duda razonable que una persona cometió el delito. Aquí, el defensor penal jugará un rol primordial para garantizar que dicha acusación -y la sentencia que se dicte a su alero- sea el reflejo más fiel de lo que realmente ocurrió, y no se trate de meras conjeturas amparadas en discursos pomposos, sino que sea un hecho verificable a través de un proceso racional y justo.

Es por eso que todos, sin distinción, culpables e inocentes, deben tener una defensa jurídica adecuada, que garantice que el sistema penal se desenvuelva de la forma más imparcial posible, respetando los derechos fundamentales de todos los intervinientes.

Ante los conflictos con la justicia una recomendación de vital importancia es asesorarse con rapidez, idealmente conviene detener un problema en su inicio antes que se genere un efecto bola de nieve que puede llevar a detenciones y eventualmente cárcel. En el sistema público puedes acceder a defensa gratuita con la Defensoría Penal Pública, cumpliendo ciertos requisitos, en caso contrario puedes recurrir a abogados particulares que defenderán tu caso de forma exclusiva.

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